H. IGLESIAS / AGENCIAS, Madrid / Bruselas

La Justicia belga detuvo ayer en Gante al propietario de la empresa Fogra, tras confirmarse que fue su fábrica la que introdujo la dioxina en la cadena de alimentación belga. Fogra, de la que se sospechaba ya desde hace unas semanas, se ocupa de reciclar grasas y aceites con los que se fabricarán, posteriormente, los piensos para animales. Esta es la misma empresa que exportó el mes pasado 140 toneladas de grasas a una empresa de Tarragona -cuando ya tenía prohibido funcionar en Bélgica-, y de las que todavía no se sabe si están contaminadas.

Después de 28 días de crisis, en los que el Gobierno belga ha sufrido dos dimisiones ministeriales, amonestaciones varias de la Comisión Europea y una contundente derrota en las elecciones generales -que acabaron con 40 años de hegemonía socialcristiana y socialista-, las autoridades de ese país parecen haber llegado hasta el final del complicado ovillo de la dioxina.
La detención del dueño de Fogra, cuyo nombre no ha sido facilitado, se produjo en la madrugada de ayer después de que las mediciones en su fábrica mostraran una alta presencia de dioxina y PCB (policlorobifenilos). Los PCB son precursores de la dioxina, y su presencia en una sustancia delata la presencia también de la dioxina, un compuesto tóxico y cancerígeno.
Fogra, ubicada en la región francófona de Valonia (sur de Bélgica), recolecta y recicla aceites y grasas animales que después vende a empresas procesadoras, que son quienes a su vez las venderán a las fábricas de piensos.
Según los análisis realizados en los últimos días, la contaminación con dioxina se produjo por la filtración durante el proceso de aceites para motores, que se mezclaron con los aceites de fritura reciclados. "No estamos todavía completamente seguros de que haya sido ésa la causa, pero es muy probable", declaró ayer Nicole de Rouck, portavoz del fiscal de Gante a cargo de las investigaciones, a la cadena RTL. De Rouck no hizo referencia a uno de los misterios que siguen rodeando el escándalo, y es que los primeros análisis realizados en Fogra, el mes pasado, mostraron unos índices muy bajos de PCB en sus instalaciones.
Fogra, la única empresa valona en su especialidad, solía vender sus productos a la firma Verkest, ubicada cerca de Gante, en la región flamenca, y que durante varias semanas había sido acusada de ser la causante principal del fraude. Verkest, suspendida desde el 2 de junio, procesaba los aceites y los vendía a los fabricantes de piensos para animales.
La detención del propietario de Fogra coincidió ayer con la liberación de Lucien Verkest y su hijo Jan, propietarios de la empresa que lleva su nombre. "Fueron liberados, sí, eso quiere decir que no hay más prisión preventiva, pero el proceso continúa y los cargos contra ellos siguen en pie", dijo de Rouck.
Cuando Fogra vio acotado su mercado en Bélgica, donde se le prohibió vender sus productos, recurrió a la exportación, a través de un intermediario holandés. Uno de estos destinos ha sido España, adonde llegaron 140 toneladas de aceite de fritura, según se confirma en un informe de la comisaría europea de Consumo, a cargo de la italiana Emma Bonino, realizado entre el 8 y el 11 de junio. La Generalitat inmovilizó el viernes pasado en Mont-Roig de Camp (Tarragona) 52 de estas toneladas (se desconoce el paradero de las restantes), mezcladas con otras 88 toneladas de aceite de origen alemán.
Todavía no se sabe si éstas toneladas están contaminadas. La consejería catalana de Agricultura ha recibido una carta de las autoridades sanitarias belgas en la que se señala que las 140 toneladas importadas por Cataluña están libres de dioxina. La Generalitat ha decidido, sin embargo, esperar la confirmación de la Comisión Europea, por lo que la medida cautelar sigue en pie, sobre todo después de las declaraciones hechas ayer por el nuevo ministro belga de Sanidad, Luc Van den Bossche, que afirmó que "todavía hay que ver si las grasas exportadas por Fogra están contaminadas o no".

EL PAIS, 23-06-1999

WALTER OPPENHEIMER
El eco del escándalo Dutroux, la desastrosa investigación policial del asesinato de cuatro niñas por un peredarasta, no se había aún acallado, cuando en Bélgica ha estallado ya una nueva crisis. La contaminación con dioxina de grasas animales ha provocado un terremoto político del que han sido víctimas los partidos tradicionales. La ineficacia de una administración propensa a la corrupción y la jungla de instituciones superpuestas que gobiernan el país son consideradas culpables. Y de nuevo surge la pregunta: ¿Cuanto durará Bélgica?

Bélgica otra vez. Hace casi tres años, este pequeño país suscitó la atención de los medios de comunicación de medio mundo. Eran los tenebrosos tiempos del caso Dutroux, el pederasta acusado del asesinato de dos adolescentes y dos niñas y el rapto de otras dos. Aquel horrible incidente traspasó la barrera de las páginas de sucesos y se convirtió en un problema político de primer orden. En octubre de aquel año, 1996, más de 300.000 belgas tomaron las calles de Bruselas en una impresionante manifestación de silenciosa protesta.

Aquella marcha blanca que conmovió a Europa era la advertencia de todo un pueblo contra su clase dirigente. Un pueblo eternamente dividido entre valones y flamencos, entre belgas y extranjeros, entre moros y cristianos, pero unido por una vez en defensa de sus niños. Aquel toque de atención hizo tambalear los cimientos de todo el Estado belga. No era sólo un lamento por las niñas muertas. Era sobre todo el estallido ciudadano contra lo que aquí llaman "las disfunciones del Estado".

El caso Dutroux había puesto al descubierto las cloacas de Bélgica. Había sido la prueba de que nada parecía funcionar en un país en el que hace no tantos años era habitual introducir un billete de 500 francos (2.000 pesetas al cambio actual) entre los documentos que se entregaban a un funcionario. Una corruptela lo suficientemente pequeña como para no constituir delito, pero lo bastante adecuada como para acelerar cualquier trámite. El caso Dutroux descubrió a los belgas que los jueces de un distrito no hablaban con los del otro. Que los policías se regateaban la información. Que su rey, Alberto II, y su primer ministro, Jean-Luc Dehaene, seguían de vacaciones mientras la gente corriente velaba a las primeras niñas muertas. Aquel drama colectivo derivó en la marcha blanca. No sólo por las niñas, no sólo contra Dutroux, sino para que todo cambiara.

Pero todo sigue igual en un país en el que una banda de matones había sembrado de cadáveres los supermercados de la periferia de Bruselas en los años ochenta, los tiempos de las matanzas del Brabante. En un país en el que el referente de los socialistas francófonos, André Cools, había sido abatido a balazos sin que nadie sepa todavía ni por qué ni por quién. En un país en el que un veterinario había sido asesinado impunemente por denunciar a la mafia de las hormonas, los ganaderos que se enriquecían engordando terneras con sustancias prohibidas. En un país en el que un ex ministro, Willy Claes, había dimitido como secretario general de la OTAN, acusado de haber cobrado comisiones de las empresas armamentísticas Agusta y Dassault por la compra de helicópteros en los tiempos en que formaba parte del Gobierno belga.

El caso Dutroux, el caso Cools, el caso de las matanzas del Brabante, el caso de las hormonas, el caso Agusta. Y ahora, el caso de la dioxina. La contaminación que ha convertido en potencial veneno lo mismo pollos que huevos, cerdos, terneras, mantequillas y cientos de productos derivados. En fin, el caso Bélgica. ¿Cómo, en un país tan pequeño, puede haber tantos casos en tan poco tiempo? "Espero que por casualidad", ironiza Yves de Smet, redactor jefe del diario flamenco De Morgen. "Pero más importante que el número de casos es la manera en que el Gobierno y la Administración los afrontan", advierte.

"La mala gestión es la característica común de todos ellos. Es el problema de las disfunciones del Estado belga, que no se deben a la regionalización, sino al clientelismo. Los nombramientos y las promociones se deciden en función de la filiación política, no por la capacidad personal. Se crean puestos vacantes para los amigos políticos y la Administración se ha dividido en células dominadas por cada partido, que se niegan a colaborar entre ellas y entablan luchas internas. Así, la mano derecha no sabe qué hace la mano izquierda".

"Es un fenómeno", prosigue, "que se dio en el caso Dutroux, las llamadas guerras de las policías y guerra de los magistrados. En los pollos ha pasado lo mismo: los ministerios de Salud y de Agricultura estaban enfrentados entre sí. "Eso hace que la intervención del Estado en esos casos sea lenta, poco coordinada, incoherente, insuficiente. Es lo que llamo el mal belga. Por eso los casos tienen más resonancia que en otros países. En todos los países hay casos. En España hubo el problema del aceite de colza, que fue mucho más grave que el de la dioxina porque hubo muchos muertos, pero si éste ha crecido tanto es porque se gestiona mal".

Flamenco como De Smet, Geert van Istendael es escritor. "Bélgica es un microcosmo de Europa. Todo lo que pasa aquí pasará en Europa", ríe. "No sólo en Bélgica pasan cosas", advierte también él, "pero aquí se magnifican". "En el Reino Unido hubo el problema de las vacas locas. En Francia, la sangre contaminada. Son casos que han provocado una gran polémica, pero que nunca han afectado a la reputación de esos países. Es fácil atacar a un país pequeño como Bélgica", protesta.

Donatienne Claeys-Bouvaert coincide: "Tengo un sentimiento de cabreo y vergüenza. No basta con apagar fuegos como hacía Dehaene, a veces hay que anticiparse". Funcionaria de la Comisión Europea, asegura que la crisis de la dioxina le ha "afectado mucho". "Tengo tres hijos a los que no quiero envenenar y no entiendo que tardaran tanto en tomar medidas en un problema que conocían desde hacía tanto tiempo", se queja.

Los belgas han quedado marcados por la crisis de la dioxina. "El primer sábado, cuando fui al supermercado, no sabía qué comprar", recuerda Donatienne. "Era muy triste ver a la gente mirando todas las etiquetas, desconfiada. Fui a mi carnicería y pregunté si la carne era segura. El carnicero me contestó que sí, pero no lo decía muy convencido. Tenía salchichas y le pregunté también si eran buenas y me respondió otra vez que sí. Pero al irme le oí comentar que desde el lunes estaría prohibido venderlas. Creo que nunca más volveré a esa carnicería". "Ha habido gran falta de información desde los poderes públicos. Pero tampoco te puedes fiar del detallista, porque lo que intenta es vender su mercancía".

Algunos en Bélgica creen que el problema de la dioxina, como ayer el caso Dutroux, es consecuencia del problema regional. "Es un reflejo del error de los políticos de centrar su atención sobre todo en el problema comunitario. La crisis de la dioxina ha tenido la virtud de que ha vuelto a llevar el debate a los problemas que de verdad interesan a la gente: la policía, la justicia, el modelo de agricultura", sostiene Marc Uyttendaele, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Libre de Bruselas (ULB).

"Lo que me deja perplejo es que Bélgica esté siempre tan mal gestionada. La información no llega, se camufla. Pero lo que es un poco injusto es que sólo se señale a Bélgica, cuando ocurre lo mismo en Francia o en Holanda. En cierto sentido, hay una tendencia a la autoflagelación. Aquí hay disfunciones, pero las hay en todas partes", se consuela con mal ajeno.

Pero, aunque denuncia los debates estériles entre francófonos y valones, Uyttendaele advierte que "el problema no es la estructura regional". "No hay demasiados gobiernos en Bélgica. La estructura federal es un poco compleja, pero es un reflejo de la lógica democrática. En realidad, el modelo belga es un éxito", dice. "El problema es que durante 40 años el Gobierno federal ha estado dominado por los partidos cristianos. Y es demasiado tiempo. Las elecciones (del 13 de junio) han sido revolucionarias porque por primera vez desde 1958 les van a alejar del Gobierno", sostiene. Socialcristianos y socialistas, que formaban Gobierno, perdieron hace una semana la mayoría. Los liberales son ahora el primer partido, pero los ecologistas fueron los grandes triunfadores.

Su análisis es compartido. "Desde 1884, el partido católico ha estado siempre en el Gobierno, salvo durante siete años, justo después de la guerra, y en el periodo 1954-1958. Ha tenido una hegemonía total y eso no es bueno. En democracia debe haber alternancia", opina el escritor Van Istendael. "El mundo católico no se limita a los partidos. Están las mutualidades, el sindicato agrario, la enseñanza (en Flandes, el 80% de los alumnos va a escuelas católicas). Son casi intocables".

El periodista De Smet coincide. "Las organizaciones católicas tienen mucho poder. Es una amalgama de lobbys: el obrero, el agrícola, el empresarial. En las listas del CVP siempre ha habido plazas reservadas para esos lobbys. Entre los diputados y senadores del CVP en la última legislatura había 13 que procedían del Comité Político del Boerendbond, el sindicato agrario". Católico y flamenco, fundado en Lovaina en 1890, los agricultores afiliados al Boerendbond suman una facturación de medio billón de pesetas al año.

Este sindicato ha sido señalado por el dedo acusador de los francófonos. Le responsabilizan de la crisis de la dioxina, aunque sólo sea porque desde hace años el ministro de Agricultura procede sistemáticamente de las filas de ese lobby. Una vez más, el problema regional. Durante el caso Dutroux, los flamencos denunciaron el caos policial y judicial en el sur del país. Ahora son los francófonos quienes denuncian el desastre provocado por la agricultura intensiva del norte.

"La reacción regional no ha sido tan fuerte como otras veces, pero ha habido comentarios exagerados", explica Michel de Muelenaere, responsable de las páginas de sociedad del diario francófono Le Soir. "Además, no es cierto que en temas de agricultura los valones lo hagan mucho mejor que los flamencos. Es verdad que el 95% de la cría industrial de pollo está en Flandes, pero también es verdad que el 95% de la cría de pollo en Valonia es también industrial".

Pese a su uso como arma arrojadiza, el problema regional ha quedado enterrado en las últimas semanas. "Ha desaparecido del debate político durante la campaña electoral, probablemente por la dioxina y por Kosovo", explica el periodista de Le Soir. "Es muy revelador que los políticos más votados en estas elecciones han sido aquellos que menos han recurrido a la cuestión lingüística". "Eso, y la subida ecologista, me parece que es un mensaje de los electores a los políticos: ocupaos de arreglar los temas que afectan a la sociedad, estáis obsesionados con la cuestión regional", sostiene. "Pero el problema lingüístico", recalca De Muelenaere, "siempre reaparece en el escenario político. Lo que ha ocurrido es como si hubiera fuego en una habitación y se cierra la puerta. El fuego ya no lo vemos, pero quién sabe si se ha apagado". Veremos si los partidos han entendido ese mensaje. La llegada de los ecologistas puede ayudar a eso".

La cuestión regional puede volver al candelero en cualquier momento. Hay materia a la espera. El Parlamento flamenco aprobó en marzo un catálogo de exigencias que, a ojos francófonos, vaciarían de contenido el Estado federal. Después de tres años de discusión, los flamencos llegaron a un consenso sólo roto por los ecologistas, aunque los socialistas flamencos se descolgaron de la reivindicación esencial y más delicada planteada por los partidos del norte: el traspaso de buena parte de la Seguridad Social y ayudas a la familia. Pero sí se sumaron a quienes reclaman la transferencia completa de la recaudación del IRPF o la injerencia de Flandes y Valonia en la gestión de la tercera gran región, Bruselas-capital.

Algunos prevén largas y duras negociaciones en la legislatura que empieza. Otros creen que no ocurrirá nada. "No habrá negociación comunitaria porque para negociar hacen falta dos. Y los francófonos no quieren", sostiene el profesor Uyttendaele. Sin embargo, casi nadie cree que Bélgica "estalle", como reclaman los extremistas flamencos. "No sé si va a estallar, pero sería una lástima que desapareciera porque es un laboratorio de cohabitación democrática y, en el fondo, es una primera muestra de lo que será Europa con el tiempo", vaticina.

"No veo el estallido del Estado belga. En absoluto", opina Geert van Istendael. "La independencia es reciente, en 1830, pero el territorio belga existe desde los tiempos de la ocupación por los españoles. Aquí ha habido españoles, franceses, austriacos, holandeses. Eso ha formado una entidad específica, que no es un Estado-nación al estilo de Francia, pero sí una entidad específica muy vieja. Yo creo en un pueblo belga, aunque no todos tienen la misma lengua. En la vida hay más cosas que la lengua".

"Bélgica no es como Checoslovaquia o como Yugoslavia. Checoslovaquia nunca formó una unidad hasta 1918. En Eslovaquia eran húngaros y en Chequia eran austriacos. Los extranjeros me dicen: los flamencos os vais a unir a Holanda. Y es verdad que hablamos la misma lengua, pero yo jamás me definiría como un holandés", solemniza Van Istendael.

Concuye Yves de Smet: "No nos hemos convertido en una Yugoslavia y eso sí es un gran mérito de la clase política belga".

EL PAIS, 21-06-99

IGNACIO CEMBRERO

El 19 de marzo el Gobierno belga sospechó que aceites reciclados que contenían dioxina se mezclaron con grasas animales con las que se alimentan a las aves de corral. Sólo el 28 de mayo empezó a tomar medidas para proteger a los consumidores. El 20 de mayo un diario de Amberes, Gazet van Antwerpen, señaló que dos personas padecían intoxicaciones digestivas tras beber Coca Cola. Nada menos que el 11 de junio el Ministerio de Sanidad belga iniciaba la retirada del comercio de los productos fabricados por la multinacional norteamericana.

La gestión de la crisis de la dioxina ha sido "más bien caótica" debido "a una falta de reacción de los poderes públicos", lo que ha supuesto "una considerable pérdida de tiempo", y a una "flagrante" carencia de coordinación así como a una "muy insuficiente" circulación de la información entre las autoridades competentes.

Los que denuncian con vehemencia la incompetencia de la mastodóntica administración belga no son los ecologistas, son los once inspectores comunitarios que han investigado los orígenes y gestión del trance por parte del Ejecutivo bruselense. El Estado belga evanescente hace frente a las crisis con creciente dificultad.

Ni la dioxina ni mucho menos la Coca Cola han provocado, por ahora, ningún muerto. Otro caso de mal funcionamiento de la Administración belga, la investigación del asunto Dutroux, sí los ha causado: Julie, Melissa, An y Eefje, las cuatro niñas víctimas del pederasta. Y todavía siguen coleando los resbalones de las pesquisas policiales.

La fiscal de Lieja, Anne Thily, pidió el martes la apertura de diligencias policiales para determinar por qué algunos vídeos incautados por las fuerzas de seguridad en el domicilio en 1995 de Dutroux fueron parcialmente borrados antes de ser entregados a la Justicia. El visionado de las imágenes suprimidas hubiese precipitado la detención y, acaso, las pequeñas se hubiesen salvado.

Por doloroso que fuese, el asunto Dutroux se situaba en línea con la retahíla de escándalos que han salpicado la reciente historia de Bélgica. La crisis de la dioxina no. Supone un salto cualitativo porque afecta al hombre de la calle en sus hábitos de consumo y, sobre todo, porque toca a la esencia misma del reino.

Más allá de su Administración caótica y de sus políticos, en parte, corruptos, Bélgica es un país próspero con un tejido empresarial creativo y eficaz. Prueba de ello, los belgas son los primeros exportadores de Europa per cápita y los segundos del mundo. Las ventas en el extranjero de este país de 10 millones de habitantes suponen cerca de la mitad de las de Japón y superan en un 64% a las de España.

La dioxina hace trizas esta buena fama. "El problema", reconocía el 9 de junio un comunicado difundido por la célula de crisis interministerial belga, "supone para nosotros un golpe tremendo y nos origina un inmenso desasosiego: contradice nuestra reputación de tradición y calidad".

En un país donde sólo existen nacionalismos regionales, el primer ministro, Jean-Luc Dehaene, se atrevió a hacer un llamamiento inusual a los belgas para que sean "chauvinistas" y adquieran los productos alimentarios que ya no absorberán los mercados extranjeros y que merecen toda confianza.

Recuperar la confianza de la sociedad va a ser una tarea ardua. Las elecciones legislativas del domingo pasado han provocado un auténtico terremoto. Sus vencedores son los verdes y, en menor medida, el Vlaams Blok, la extrema derecha flamenca que es la lista más votada en Amberes, Malinas, San Nicolás etcétera. Los derrotados son los partidos tradicionales, democristianos y socialistas. "Gobernar este país va a resultar aún más difícil", declaraba tras los comicios Philippe Busquin, el líder socialista valón. "Veremos cómo salimos de este embrollo", añadía el liberal Louis Michel.

Las fuerzas centrífugas aprovecharán, probablemente, el vacío para intentar roer competencias al poder central. El Parlamento de Flandes aprobó ya en marzo una propuesta para convertir la federación belga en una confederación en la que las regiones recaudarían el IRPF, la Seguridad Social se partiría en dos y ambas regiones administrarían conjuntamente la capital, Bruselas, francófona en un 85%. Sólo los socialistas y los verdes se abstuvieron en la votación.

Al conocerla, los valones pusieron el grito en el cielo "Mis compatriotas flamencos son un peligro para la solidaridad", comentó el presidente de Valonia, Robert Collignon. Se refería al 1,65 billones de pesetas que cada año la rica Flandes transfiere a la "pobre" Valonia a través de la Seguridad Social. Durante 130 años Valonia ha subvencionado a Flandes, escribía el historiador bruselense Hervé Hasquin, y "sería injusto y escandaloso que, cuando la situación se ha revertido y Valonia requiere ayuda, los del norte, los más ricos, quieran ahora soltar amarras".

Esta propuesta flamenca, que pondría en manos de las regiones más del 75% del presupuesto nacional, debería de ser uno de los platos fuertes de la legislatura que empieza. Si se llega a discutir será la quinta vez en treinta años que Bélgica emprende una reforma constitucional tendente a despojar al Estado central de las competencias que la Unión Europea no le ha quitado aún. A este paso no tardará en convertirse en un cascarón vacío.

La última reforma, la que acabó en 1993 y que, según se prometió entonces, había sido la definitiva, dio a luz un país con tres regiones (Flandes, Valonia y Bruselas) y tres comunidades (la francófona que abarca a Valonia y Bruselas), la de habla holandesa (Flandes y los flamencos de Bruselas) y la germanófona en el este. Para rizar el rizo, los ayuntamientos son especialmente poderosos.

Las competencias del Estado central abarcan desde la Justicia hasta el orden público pasando por la diplomacia; las regiones se encargan de la vivienda, economía, medio ambiente, obras públicas, transportes y, las comunidades, de la enseñanza, la cultura, la sanidad y el deporte.

Hasta los años 50 había un Estado belga centralizado en manos de los valones. Esta jungla institucional que lo ha sustituido explica en buena medida la ineficiencia de una administración en la que, para más inri, los cargos se reparten en función de las cuotas atribuidas a los partidos. La seguridad alimentaria depende, por ejemplo, de tres ministerios (Sanidad, Agricultura y Economía) cuya comunicación no era fluída.

Peor aún, Agricultura mantiene tradicionalmente estrechas relaciones con el Boerenbond, el poderoso sindicato campesino flamenco, con intereses en la industria agroalimentaria, y ferviente partidario del cultivo intensivo. El Boerenbond ejerce además una fuerte influencia sobre el partido socialcristiano de Flandes en el poder, casi ininterrumpidamente, desde el final de la guerra.

Hay otros países federales que apenas tienen Estado central pero en Bélgica sus ciudadanos no poseen ni siquiera el sentimiento de pertenecer a una misma comunidad. Desde hace más de 20 años los partidos políticos son sólo regionales; la educación y la cultura están tan compartimentadas que los debates de sociedad difieren de una región a otra. La identidad belga consiste sólo en declararse monárquico o aplaudir al equipo nacional, los Diablos Rojos.

EL PAIS, 21-06-99

La Vanguardia [15/06/99]